Los legisladores de la tómbola menosprecian el grave problema de la procuración e impartición de justicia en México.
El segundo piso de la #4Transformación coloca al Poder Judicial de la Federación contra las cuerdas. El Senado de la República definió, por sorteo de tómbola, 711 plazas de jueces, como primer paso de la reforma al Poder Judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La elección popular de jueces, magistrados y ministros será en 2025.
Los legisladores de Morena, PT y PVEM, mandaron al sistema de justicia a la tómbola, la aplanadora legislativa se comporta igual o peor de lo que por tantos años criticaron. Sumisos al Poder Ejecutivo, el pasado sábado ofrecieron un vergonzoso espectáculo que el senador y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó como una jornada “histórica”. ¡Ajá!
No les importó la protesta afuera del Salón de Plenos por parte de un grupo de jueces y magistrados que coreaba la consigna: “¡Exámenes sí, tómbola no!”. “No se equivoquen. La justicia, en manos de la suerte, deja mucho que desear”. En efecto, expertos en la materia han advertido que la elección de todos los jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por voto popular, socavará la independencia judicial y la democracia mexicana.
Claudia de Buen, ex presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha dicho: “Elegir a jueces por voto popular es un retroceso brutal. La justicia no puede ser sometida a una elección basada en popularidad, especialmente cuando está en juego la vida y el futuro de las personas”.
Sin embargo, a los legisladores de la #4T no les importan estos argumentos, aplican los mandamientos Lópezobradoristas: “sin mover una coma” a la reforma y a las leyes secundarias y “Lealtad ciega”, para cumplir con el plan de concentrar el poder y cobrar viejos agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a su presidenta, Norma Piña, a quienes consideran sus acérrimos enemigos.
Así lo evidenció Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, al afirmar en debates anteriores: “Nunca antes en la historia del país dos poderes se unieron para destruir a otro; para cooptarlo, someterlo. Esta reforma es para quitar privilegios y excesos, sí, pero también es para tomar control del poder que funge como el árbitro de México y por lo mismo hoy queda más que claro el propósito revanchista de esta reforma. Revancha que se busca a partir de la independencia que el poder judicial ha sostenido en contra de los excesos de un poder ejecutivo que claramente quiere una inédita concentración del poder más peligrosa que la que jamás se haya visto en la historia democrática de este país, requerimos una reforma que apoye la justicia y no una que privilegie por encima de todo castigar a los jueces. Tener venganza no es hacer justicia… A esta reforma le faltó diagnóstico y le sobró revancha”.
Los legisladores de la tómbola menosprecian el grave problema de la procuración e impartición de justicia en México, que registra niveles de impunidad de 96.3 por ciento en delitos como la extorsión, homicidios y secuestros.
De acuerdo con el reporte “Hallazgos 2022: evaluación de la justicia penal”, realizado por la organización México Evalúa, en México, las autoridades responsables de procurar e impartir justicia sólo resuelven 10 de cada 100 delitos que se cometen y la mayoría de los estados que registran el 100% de impunidad en delitos como homicidio doloso, feminicidio o secuestro, son gobernados por Morena.
La investigación revela que los que reportaron mayores índices son: Violencia familiar 98.6%; Desaparición 96.5%; Abuso sexual 96.1% y Feminicidio 88.6%. Entre los derechos más vulnerados se destacan la presunción de inocencia y la libertad personal, ya que el 57% de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva en 2022 a nivel nacional, la mayoría bajo modalidad oficiosa.
Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha reiterado que la intención de que los ministros, consejeros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, está sujeta a criterios político-partidistas y se generará un mercado negro basado en el influyentismo, donde poderes fácticos –como el económico o el crimen organizado– sean los que financien las campañas de los jueces, lo que podría generar un Poder Judicial lleno de personas afines a Morena o a estos grupos.
Así, las cosas, el Senado emitirá una convocatoria el miércoles 16 de octubre para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial instalen, cada uno, un comité de evaluación con cinco personas de “reconocido prestigio jurídico” para definir a los candidatos con procesos “abiertos y transparentes” y paridad de género. ¿Será?
La #4Transformación, llegó al poder con la promesa de construir un país donde todos tuviéramos las mismas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, las últimas decisiones muestran claros signos de regresión, de volver al México de los 70’s, del centralismo, del partido hegemónico que controla el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por ahora, y en algunos años, los poderes judiciales locales.
Fuente: https://mvsnoticias.com
