La desaparición de 43 estudiantes en México el 26 de septiembre de 2014 sacudió a la sociedad mexicana, expuso la gravedad de la corrupción gubernamental y mostró la espiral de violencia que ya había dejado miles de muertos.
Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.
Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña y tranquila ciudad mexicana de Cocula, se dijo que un basurero fétido y cubierto de basura en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.
Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.
Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más evidentes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.
Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.
Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una comisión de la verdad creada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.
El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.
En el octavo aniversario del secuestro, algunos de los actores clave del caso han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.
Jesús Murillo Karam, exfiscal general
El viernes 19 de agosto, el exfiscal general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.
Como fiscal general del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.
El sucesor de Peña Nieto, el presidente López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.
En declaraciones en la corte el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.
Ahora irá a juicio. Si bien no se ha anunciado una fecha para el proceso, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.
Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de México
El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.
También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.
Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.
Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.
Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios del gobierno se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala
El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa María de los Ángeles Pineda a los pocos días del secuestro. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.
Ambos siguen en prisión cumpliendo condena por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.
El 14 de septiembre un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.
Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de México, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.
Guerreros Unidos
El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes, Guerreros Unidos, sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en el estado de Guerrero y otros dos estados mexicanos.
También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.
A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros anónimos de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas por arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.
Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares -todos vinculados al caso- han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.
Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.
La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno mexicano contra Murillo Karam.
Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.
El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.
El Ejército mexicano
Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.
Las autoridades confirmaron que el ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que ocurriera el ataque.
Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.
Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a los infantes de marina mexicanos, parte de la Marina, manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.
El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.
Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.
No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, el principal funcionario de derechos humanos de México, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.
En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.
A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.
